Una inspección conjunta realizada el pasado 23 de julio, en torno a las 13:00 horas, en un restaurante ubicado en Cala Millor, localidad del municipio de Sant Llorenç des Cardassar, concluyó con el cierre inmediato del establecimiento al detectarse explotación laboral, trabajadores en situación irregular, jornadas de trabajo abusivas y múltiples deficiencias sanitarias e higiénicas de gravedad.
El operativo fue el resultado de una investigación iniciada por la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar, cuyos agentes recabaron informaciones que apuntaban a un posible caso de explotación de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular y a que estos podrían estar residiendo dentro del propio local. Esos datos fueron trasladados al Subgrupo de Extranjería de la comisaría de la Policía Nacional en Manacor, cuyos investigadores realizaron gestiones adicionales que permitieron corroborar los indicios.
Una vez verificada la información, se articuló un dispositivo de inspección de carácter conjunto en el que participaron la Policía Nacional, la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar, la Inspección de Trabajo y las consellerias de Sanidad y Vivienda del Govern balear.
Durante la actuación se comprobó que, del total de 15 personas que se encontraban trabajando en el local, tres lo hacían en situación irregular en España. Los otros 12 trabajadores, si bien contaban con alta en la Seguridad Social, figuraban dados de alta a media jornada cuando en realidad cumplían jornadas de 13 horas diarias durante los siete días de la semana.
En el plano sanitario, los inspectores de la conselleria de Sanidad constataron numerosas deficiencias en materia de refrigeración, manipulación y cocinado de alimentos. El establecimiento incumplía la cadena de frío, no respetaba la separación entre alimentos, y los trabajadores cocinaban sin observar las medidas básicas de higiene. Algunas de las habitaciones que ocupaban los empleados se hallaban contiguas a la cocina y a los almacenes de alimentos, en condiciones de notable suciedad.
Por su parte, los inspectores de vivienda del Govern verificaron la existencia de nueve habitaciones destinadas al alojamiento de trabajadores que carecían de las condiciones mínimas para una vida digna. Dichas estancias debían compartirse entre varios empleados, carecían de baño propio, no disponían de ventilación adecuada, presentaban una importante falta de limpieza y estaban situadas junto a la cocina y los almacenes, con un intenso olor a comida.
El conjunto de irregularidades detectadas motivó el cierre inmediato del local. La empresa dispone de un plazo de diez días para subsanar las deficiencias identificadas, con independencia de las posibles sanciones administrativas que pudieran derivarse del expediente.
En el ámbito policial, el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional incoó expedientes de expulsión contra los tres trabajadores que se encontraban en situación irregular, y mantiene abiertas las gestiones para determinar si los responsables del establecimiento podrían haber incurrido en un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. De forma paralela, la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar levantó diversas actas relacionadas con cuestiones documentales de permisos y licencias, al objeto de esclarecer las posibles infracciones cometidas en esa materia.
Este tipo de operaciones refleja el papel que desempeñan las policías locales como primer eslabón en la detección de situaciones de explotación laboral, actuando como fuente de información clave para activar mecanismos de coordinación interinstitucional con cuerpos estatales y organismos de la administración autonómica. El protocolo habitual contempla la intervención conjunta de los cuerpos policiales con la Inspección de Trabajo y las autoridades sanitarias competentes cuando se detectan indicios de irregularidades de esta naturaleza.