La Policía Local de Bunyola ha impuesto una sanción económica a la mujer que resultó gravemente herida tras ser atacada por un american bully ciego, al comprobarse que no disponía de la preceptiva licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos (PPP). Las multas contempladas para este tipo de infracción oscilan entre los 2.400 y los 15.000 euros, según han confirmado fuentes policiales.
El suceso tuvo lugar el pasado 21 de julio en las proximidades de una clínica veterinaria en Palmanyola. La víctima, voluntaria de la protectora Son Reus, intentaba colocarle el bozal al animal para acceder a la consulta cuando el perro la mordió en ambos brazos y en el pecho. Propietarios del establecimiento, veterinarios y varios testigos que se hallaban en las inmediaciones acudieron de inmediato en su ayuda y trataron de controlar la hemorragia hasta que llegaron los servicios sanitarios.
La mujer fue trasladada de urgencia al hospital Son Espases, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a causa de las fracturas sufridas en los dos brazos, y fue sometida además a una intervención de reconstrucción de pecho. La gravedad de las lesiones pone de manifiesto la violencia del ataque.
El animal, conocido como Bruno, no era un desconocido para los registros policiales: fuentes de la Policía Local han señalado que el perro ya había mordido a otra persona unos días antes en Menorca. El can se encontraba en proceso de adopción en Son Reus tras ser entregado por su dueña original, aunque un intento previo de adopción por parte de una pareja no había llegado a culminarse.
Tras el incidente, el Centro de Protección Animal de las Illes Balears (CEPAD) se hizo cargo del perro y lo trasladó a sus instalaciones de Santa Eugènia, donde permanece en cuarentena a la espera de que se resuelva su situación.
La normativa española sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos obliga a sus poseedores, con independencia de su titularidad formal, a acreditar la correspondiente licencia administrativa ante el ayuntamiento competente. El incumplimiento de este requisito está tipificado como infracción grave o muy grave y conlleva sanciones económicas, además de la posible retirada del animal por parte de las autoridades.