El Ayuntamiento de Elche ha procedido al cierre de una tercera campa de aparcamiento ilegal ubicada en los alrededores del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. La actuación se enmarca en el operativo municipal puesto en marcha para combatir la proliferación de instalaciones que ejercen su actividad al margen de la normativa urbanística y administrativa vigente.
Fue la Policía Local quien impulsó la clausura de manera anticipada al comprobar que la instalación había comenzado a admitir vehículos a pesar de tener en vigor una resolución administrativa que le ordenaba cesar en su actividad. Durante los días previos a la intervención, los agentes verificaron el tránsito continuo de vehículos en el recinto, lo que llevó a ejecutar el cierre antes de que el negocio pudiera asentarse con mayor solidez. La campa, además, carecía de la habilitación administrativa necesaria para prestar este tipo de servicio.
Con esta tercera actuación, el conjunto de campas clausuradas desde el inicio del dispositivo municipal sumaba una capacidad total superior a los 4.500 vehículos. Las dos primeras empresas afectadas intentaron frenar los cierres por vía judicial, solicitando medidas cautelares ante los juzgados; en ambos casos, dichas peticiones fueron rechazadas y los cierres se ejecutaron sin impedimento.
El operativo tiene previsto extenderse durante las próximas semanas. Existen otros expedientes en fase avanzada —algunos ya han superado el trámite de audiencia y están pendientes de resolución— que podrían derivar en nuevas clausuras en un plazo breve. Todos estos procedimientos afectan a instalaciones que iniciaron su actividad con posterioridad al acuerdo municipal adoptado el 23 de abril, mediante el cual el Ayuntamiento prohibió la apertura y ampliación de nuevas campas mientras se acomete la ordenación urbanística del sector.
El Ayuntamiento tiene censadas más de 110 campas en todo el término municipal de Elche. La Policía Local y los técnicos municipales han llevado a cabo alrededor de 81 inspecciones y han constatado la existencia de algún tipo de irregularidad administrativa en la totalidad de los casos revisados, si bien la situación jurídica de cada instalación y las medidas aplicables varían en función de sus circunstancias concretas.
De las instalaciones inspeccionadas, 45 comenzaron a funcionar antes de la modificación del Plan General y están siendo analizadas para determinar si su situación es susceptible de regularización. Los responsables de estas campas cuentan con un plazo de tres meses para presentar los proyectos técnicos, las medidas de seguridad y el resto de la documentación requerida. Otras 30 campas disponen de licencias provisionales otorgadas en 2005, aunque también están siendo objeto de revisión, dado que en numerosos casos las empresas habrían ampliado la superficie en uso o alterado las condiciones bajo las que recibieron la autorización inicial.
El Gobierno municipal ha subrayado que el objetivo del operativo no es proceder a cierres indiscriminados, sino garantizar que todas las empresas del sector operen en igualdad de condiciones y dentro del marco legal. El Ayuntamiento ha anunciado que mantendrá su actuación contra las campas sin licencia, respetando en todo momento los procedimientos administrativos y la seguridad jurídica de las partes implicadas.
Las actuaciones de clausura de actividades que operan sin licencia o en contra de resoluciones administrativas de cese constituyen una de las funciones de disciplina urbanística y de control de actividades que corresponde ejecutar a los cuerpos de Policía Local en coordinación con los servicios técnicos y jurídicos de los ayuntamientos, conforme a la legislación de régimen local y a la normativa urbanística autonómica aplicable.