El municipio costero de Llançà, ubicado en la comarca del Alt Empordà y conocido por su actividad pesquera y su carácter turístico, atraviesa un momento de notable tensión social y política. Las críticas de comerciantes, vecinos y medios de comunicación locales apuntan directamente a la gestión del equipo de gobierno municipal, formado por Junts y el PSC y encabezado por la alcaldesa Núria Escarpanter, que cuenta con cuatro concejales del primer partido y dos del segundo.
En los últimos meses, la localidad ha registrado un repunte de robos con fuerza en establecimientos comerciales y viviendas, así como intentos de apertura de vehículos estacionados. Los propietarios afectados señalan el desgaste económico y personal que conlleva la repetición de estos episodios. Según varios comerciantes, una parte relevante de estas sustracciones estaría siendo protagonizada por menores no acompañados y jóvenes de origen magrebí, y añaden que existen puntos de distribución de drogas en distintas zonas del municipio.
La situación se agrava por las trabas que encuentran las víctimas a la hora de presentar denuncia. Según relatan varios afectados, cuando acuden a las dependencias de la Policía Local tras sufrir un robo, el agente encargado de tramitar el atestado no siempre está disponible, por lo que se les remite a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Figueres, un desplazamiento que supone en torno a cuarenta kilómetros entre ida y vuelta. Dado que muchos de los bienes sustraídos son de escaso valor, el tiempo y el coste del trayecto llevan a numerosos pequeños empresarios a desistir del trámite. Esta renuncia sistemática a denunciar no solo puede distorsionar las cifras oficiales de delincuencia, sino que también contribuye a la desconfianza hacia las instituciones.
La plantilla de la Policía Local ha acumulado, entre 2024 y 2025, más de veinte bajas, ceses y dimisiones voluntarias, lo que ha situado el servicio ordinario en niveles mínimos. En este contexto, la decisión del Ayuntamiento de poner en marcha una unidad canina ha cosechado críticas tanto desde la oposición municipal como entre parte de la ciudadanía. Los detractores de la iniciativa argumentan que resulta difícil de justificar destinar recursos económicos y humanos a una unidad especializada cuando el servicio básico no puede cubrirse con garantías, y recuerdan que otros cuerpos que operan en la comarca ya cuentan con unidades caninas disponibles ante cualquier requerimiento.
A este panorama se añade el deterioro del espacio público. Numerosas calles presentan baches, grietas y baldosas levantadas o desaparecidas en las aceras, lo que ha provocado caídas y lesiones entre los vecinos. Uno de los incidentes más recientes involucró a un ciclista que cayó al impactar con un desperfecto en el pavimento. Los afectados advierten de que esta situación podría dar lugar a reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento.
La controversia se ha extendido también al ámbito de la comunicación institucional. La difusión de informaciones sobre la inseguridad en la localidad y sobre el funcionamiento del cuerpo policial, en algunos casos acompañadas de imágenes del jefe de la Policía Local, Òscar Soler, generó una intensa reacción en redes sociales. Como respuesta, la Policía Local publicó un comunicado en sus perfiles de Facebook e Instagram en el que exigía la rectificación de determinadas informaciones y advertía de posibles acciones civiles y penales, anunciando además que solicitaría judicialmente la identificación de las direcciones IP y los perfiles de usuarios que hubieran publicado comentarios considerados lesivos.
El aspecto que más indignación ha suscitado entre varios vecinos es que algunos de ellos habrían recibido mensajes privados enviados desde la cuenta personal o profesional del propio jefe del cuerpo, instándoles a eliminar sus comentarios en redes sociales bajo la advertencia de emprender acciones legales. Esta actuación ha abierto un debate sobre la neutralidad institucional, el uso adecuado de los recursos públicos y el respeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos y los medios a fiscalizar la gestión de las administraciones. Para quienes critican estas prácticas, el intento de disuadir opiniones mediante advertencias judiciales deteriora la confianza en las instituciones y menoscaba la calidad democrática.
Llançà afronta así una confluencia de problemas: aumento de los delitos contra el patrimonio, reducción de la plantilla policial, obstáculos para formalizar denuncias, deterioro de la infraestructura urbana y una creciente polémica sobre el uso de la comunicación institucional. Un escenario que, según denuncian vecinos y comerciantes, reclama respuestas concretas y urgentes por parte del Ayuntamiento.
En términos generales, la gestión de la seguridad ciudadana en municipios de tamaño medio recae de forma compartida sobre la Policía Local y, en su caso, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, con protocolos de coordinación establecidos para derivar diligencias cuando la capacidad operativa de un cuerpo resulta insuficiente. La correcta dotación de efectivos y la accesibilidad del servicio de denuncia son pilares reconocidos por las instituciones para garantizar la confianza de la ciudadanía en el sistema de seguridad pública.